#2A: El juicio por la inundación terminó con un solo condenado que deberá pagar una multa

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El abogado de una de las víctimas recusó al fiscal Paolini, dado que la audiencia por el juicio de la trágica inundación del 2013 terminó con escándalo luego de que el único acusado admitiera responsabilidades tras pactar con la fiscalía el pago de una multa de 12.500 pesos y la inhabilitación para no ocupar cargos públicos durante un año. Las víctimas hablan de impunidad y pidieron a gritos que comparezcan Scioli y Bruera.

Fue como una profecía autocumplida. Ni bien comenzó la audiencia, Sergio Lezana, ex funcionario de Defensa Civil del municipio de La Plata y único imputado, admitió responsabilidad en las acusaciones y pidió que le den la mayor multa y pena.

Pasaron casi seis años y todavía los vecinos de La Plata tienen más incertidumbres que certezas y esperan respuestas de la Justicia. Aún no hay una cifra oficial de la cantidad de muertos por los 392 milímetros que cayeron entre el 2 y el 3 de abril de 2013.

Para una parte de la Justicia fueron 89 víctimas mortales y se estima que los daños alcanzaron los 4000 millones de pesos. Tampoco hay funcionarios investigados por la Justicia, como el entonces intendente de La Plata, Pablo Bruera, que hasta mintió públicamente en las redes exhibiendo fotos de su ayuda en la tragedia, cuando en realidad se encontraba de vacaciones en Brasil.

Peña recusó a Paolini

Ante el cierre del debate, el abogado Marcelo Peña, defensor de víctimas de la tormenta, recusó al fiscal Jorge Paolini, y aseveró que “ya no habrá más debate, ganó la impunidad”.

En la puerta del Tribunal, vecinos que conforman la Asamblea de Inundados se indignaban porque se llegó a esta situación de impunidad, en la que ninguno de los gobernantes en aquel momento está hoy en día siendo indagado.

El juicio que debería ser considerado como el de la verdad de la inundación de La Plata se convirtió en el juicio del encubrimiento y de la impunidad”, consignó Peña.

Tan baja era la posible pena que enfrentaba el único acusado que la causa iniciada en sede penal a cargo de delitos complejos ahora se tramitó ante el juzgado correccional, el Nº 4, a cargo de Marcela Greco.

Durante el trayecto judicial de la cusa la comuna platense estuvo representada por el abogado Fernando Padován, actual Secretario de Seguridad, quien solicitó que se investigue el rol que tuvo el ex Jefe de Gabinete comunal Santiago Martorelli, ex máximo responsable del Comité Organizador para Emergencias Municipales (COEM).

Se veía venir

Un documento que publicó el colectivo de abogados La Ciega, que representa también a víctimas de la tragedia, destaca: “Quedó demostrado judicialmente que con anterioridad al 2 de abril de 2013 las autoridades municipales y provinciales tenían pleno conocimiento de la situación de peligro latente e inminente, ya habían existido inundaciones de menor tenor y existían informes técnicos que advertían que una inundación de proporciones era un escenario probable (los más destacados son el informe de la municipalidad titulado “Estudios Hidrológicos – Hidráulicos – Ambientales en la cuenca del Arroyo del Gato” del 2007, que fuera redactado por los ingenieros Pablo Romanazzi y Arturo Urbiztondo, del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata; del mismo modo tenían conocimiento del informe titulado “El cambio climático en Argentina”, elaborado en marzo de 2009 con la participación de organismos del Gobierno Nacional)…..

….Tal estado de situación motivó la firma de los decretos 486/08 y 490/09 por parte del ex Gobernador Daniel Scioli, por medio de los cuales se declaró el estado de emergencia hídrica de diversos partidos de la Provincia, entre los cuales se encontraban La Plata, Berisso y Ensenada, lo cual significó la cristalización del conocimiento que tenían las autoridades del peligro inminente que implicaba dicho estado de las cosas. Incluso en ese marco, desde el Colectivo de abogados populares La Ciega junto a organizaciones ambientalistas de la región, presentamos un amparo contra el Código de Ordenamiento Urbano aprobado en la ciudad, en donde dimos cuenta de las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente que podía traer aparejada la implementación de esa norma”.

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