El estado provincial fue condenado a confeccionar un protocolo de actuación que reglamente el ingreso, rotulación, documentación, disposición, entrega e inhumación o cremación de cadáveres y restos humanos que ingresen a la morgue. Las irregularidades habían salido a la luz tras la inundación de la Capital bonaerense, en abril de 2013.
El fallo también condenó al poder Ejecutivo Provincial a garantizar una infraestructura edilicia adecuada para la preservación de los elementos de prueba alojados en la morgue y a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a fin de que “arbitre las medidas conducentes a efectos de crear un protocolo de actuación para la realización de los procedimientos periciales que se ordenan en el marco de los procesos penales, en función de estándares de transparencia, seguridad, certeza y debida custodia”, informaron desde la Comisión por la Memoria.
En abril de 2014, la CPM había presentado este recurso a fin de obtener “información pública y veraz relativa a las modalidades de manipulación, registro y rotulación de los cadáveres en las morgues policiales de la Provincia de Buenos Aires”. En la presentación, La Comisión había solicitado también que“se informe sobre protocolos, reglamentaciones y toda normativa interna relativa al mecanismo y procedimiento para el registro y documentación de cadáveres y de las circunstancias de defunción, así como también al otorgamiento de licencias de inhumación y cremación en el Registro Provincial de las Personas”. Y remarcó además la necesidad de conocer la articulación de competencias entre los múltiples organismos intervinientes en la manipulación de cadáveres.
El pedido se enmarca en las gravísimas irregularidades constatadas en la morgue de La Plata por el juez Luis Federico Arias, que intervino de oficio para corroborar el número de personas fallecidas como consecuencia de las inundaciones del 2 de abril de 2013. Arias estableció que hubo 89 víctimas (muy lejos de las 51 iniciales reconocidas por la Provincia) de acuerdo a la sentencia de la Causa número 27068, caratulada “Rodríguez Sandra Edith C/ Poder Ejecutivo S/Habeas Data”.
El habeas data colectivo de la CPM se basa en el derecho a la información pública reconocido por la Constitución nacional, la provincial y diversos pactos y tratados internacionales de derechos humanos, implicando una “obligación positiva del Estado de suministrarla”, y apoyándose en jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La causa se tramitó conjuntamente con una demanda de similares características presentada por el CIAJ – Colectivo de Acción Jurídica- y en la misma se presentó además la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Ante estos reclamos, el Poder Ejecutivo Provincial envió información sobre lo peticionado, la que no fue considerada suficiente ni satisfactoria por el Juez Arias, fundamentalmente en lo que respecta al manejo de las morgues policiales, en particular la de la ciudad de La Plata.
