El fiscal federal Nº 11, Gerardo Pollicita, exigió la imputación de la presidenta Cristina de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, y un grupo de funcionarios y dirigentes por el presunto «encubrimiento» de la pista iraní en el atentado a la AMIA.
Pollicita firmó el requerimiento de instrucción tras analizar la denuncia que presentó Alberto Nisman cuatro días antes de morir, y que ahora será ratificado o rechazado por el juez federal Daniel Rafecas, que decidió suspender la licencia por vacaciones que tenía hasta el 20 de febrero para volver a ocupar su cargo. Más precisamente regersará el miércoles 18, primer dia hábil tras los feriados de carnaval y día de la marcha del silencio. Su juzgado, el número 3, todavía lo subroga Sebastián Ramos, quien ostenta plenas facultades para tomar medidas hasta la vuelta.
En la resolución de 61 páginas, el fiscal ordenó además un centenar de medidas de pruebas, pero no incluyó la citación a declaración indagatoria de los imputados. No trascendieron detalles de las solicitudes ya que el fiscal exigió el secreto de sumario para el expediente. Para Pollicita existen elementos suficientes para iniciar una pesquisa, aunque será Rafecas quien debe confirmar si los sospechados deben o no ser investigados formalmente.
Además de la jefa de Estado y el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, también fueron acusados el diputado nacional, Andrés Larroque; el piquetero Luis D’Elía, el jefe de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; el ex juez de instrucción que trabajó para la ex SIDE Héctor Yrimia, el dirigente comunitario iraní Jorge Alejandro «Yussuf» Khalil y el falso agente de inteligencia Allan Bogado.
Antes de fallecer, Nisman presentó la denuncia ante el juez federal Ariel Lijo, que luego de vaivenes judiciales recayó en el juzgado de Rafecas. En ese escrito de 289 carillas, el titular de la Unidad Fiscal AMIA denunció «la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (que investiga el atentado a la mutual judía), para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la Justicia argentina, con competencia en el caso».
«La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (…) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, la Dra. Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman», sindicó el fallecido fiscal.
Acerca del rol de la jefa de Estado, la denuncia indica que «de las contribuciones concretas y específicas de la señora Presidenta que se han podido acreditar con sólido sustento probatorio, surge con claridad que no solamente fue quien decidió la articulación de este plan criminal sino que para ello se valió de distintos actores para llevar adelante su ejecución y en todo momento estuvo en control de la misma».
De acuerdo a ese documento, «esta confabulación ha sido orquestada y puesta en funcionamiento por altas autoridades del Gobierno nacional con la colaboración de terceros».
La imputación
Al describir «la posible relevancia jurídico penal de los hechos denunciados por Nisman», Pollcita expicó que el «encuadre legal prima facie aplicable, sin perjuicio de lo que resulte del trámite del sumario y de los nuevos elementos que puedan incorporarse a la causa, es el de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionarios públicos para aquellos que reúnen tal condición (art. 277, inciso 1 y 3, ¯ay ¯ddel Código Penal). Pero también, el fiscal agregó que Nisman evaluó que los hechos podrían «tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 241 inciso 2 y 248 del Código Penal)».
La consumación
Para Pollicita, la denuncia del fiscal fallecido expone que los «imputados habrían desarrollado acciones con entidad para liberar de responsabilidad a los iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA y para que éstos puedan sustraerse de la acción de la justicia».
Según consideró la imputación, la primer evidencia es la creación de un órgano, denominado -Comisión de la Verdad-, con facultades para asumir funciones de carácter estrictamente judicial en reemplazo del juez natural de la causa y del representante del Ministerio Público Fiscal». Y lo segundo, «mediante la notificación a Interpol acerca del acuerdo y de la formación de dicha Comisión, con el objetivo de que dicho organismo internacional procediera a levantar las circulares rojas correspondientes al pedido de captura de cinco de los imputados en la causa AMIA».
Desde el Gobierno se ha argumentado desde hace semana que ninguna de esas dos acciones (conformar la Comisión y pedir el levantamiento de alertas) se concretaron fehacientemente y por lo tanto la denuncia no tiene validez jurídica. Sin embargo, en el apartado «Consumación», Pollicita señaló que no es necesaria la comisión del delito, sino que con la intención alcanza para ser enjuiciado.
«Es prácticamente unánime la doctrina al sostener que resulta indiferente que se logre o no el fin buscado por quien presta la ayuda. El encubrimiento es un delito de pura actividad, de peligro concreto, instantáneo y de efectos permanentes, de manera que su consumación coincide con la realización de la acción típica, sin que resulte necesario el logro de la finalidad buscada», afirmó el fiscal imputador.
«Actuación legítima»
En representación del Estado argentino, la Procuración del Tesoro presentó ante el juzgado de Rafecas un escrito de 68 páginas -con varios documentos anexados- que constituyen las pruebas para desestimar el texto de Nisman sobre un presunto «encubrimiento».
Se trata de un escrito «de carácter institucional aportando los elementos de juicio y antecedentes documentales probatorios jurídicamente relevantes respecto de los hechos sobre los que versa la denuncia formulada el 14 de enero», indicó un comunicado de la Procuración.
El texto del organismo conducido por Angelina Abbona cuenta con varios anexos y «tiene por objeto sustentar la legitimidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo Nacional y los órganos que de él dependen, en relación con el Memorándum de Entendimiento con Irán».
Entre los anexos adjuntados se encuentra el «trámite de extradición de (el exembajador de Irán en la Argentina Hadi) Soleimanpour»; el discurso de la presidenta Cristina Kirchner ante la ONU en 2013; comunicados de Interpol; notas de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de Planificación Federal, de Economía, así como también de la Secretaría de Inteligencia; entre otros.
