El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y la coordinadora Carolina Varsky encabezaron ayer una reunión de fiscales que intervienen en todo el país en procesos por delitos del terrorismo de Estado, con el eje en la preocupación que generan las resoluciones de distintos tribunales del país que obstaculizan el proceso de verdad y justicia. En el encuentro, se resolvió articular respuestas con los organismos de derechos humanos y otras agencias estatales de las diferentes jurisdicciones y, en ese sentido, se programó una reunión de la Mesa de Diálogo Institucional y Social para el pŕoximo 8 de abril.
Según informa el portal http://www.fiscales.gob.ar la reunión de ayer surgió como respuesta a las inquietudes planteadas por los fiscales en relación a «una serie de fallos en distintas instancias que habilitan a sospechar una intencionalidad de poner un límite al avance de las causas en distintos puntos del país”.
Durante la reunión la preocupación estuvo centrada en la concatenación de una serie de medidas adoptadas por jueces de instrucción, cámaras de apelaciones y tribunales orales de todo el país en los últimos días que «auguran tiempos de impunidad para quienes deben dar cuenta ante la Justicia por sus acciones»: las excarcelaciones u otorgamientos de prisión domiciliaria de casi todos los condenados en los numerosos juicios realizados en la provincia de Tucumán; la negativa de la Corte Suprema a considerar los crímenes cometidos contra soldados durante la guerra de Malvinas como delitos de lesa humanidad; la falta de mérito del empresario de medios Vicente Massot en Bahía Blanca y del jefe de redacción de la Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; el sobreseimiento del ex secretario del juzgado federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; la falta de mérito que dictó la Cámara Federal de Casación en beneficio del empresario azucarero Carlos Blaquier y del ex administrador de la firma Ledesma, Alberto Lemos; la negativa del juez Julián Ercolini de llamar a indagatoria a los responsables del desapoderamiento de la empresa Papel Prensa; y las dificultades para avanzar en la investigación de las complicidades civiles en general.
