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Suspendieron al Juez Arias: la CPM cuestionó la medida y la CTA llevará el caso a la CIDH

El juez platense Luis Federico Arias fue suspendido este jueves del cargo para ser sometido a juicio político por presunto mal desempeño. La Comisión por la Memoria y la CTA cuestionaron la Medida. Desde la CTA anunciaron que denunciarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La suspensión resolvió el tribunal de enjuiciamiento que sesionó en el Senado de la provincia de Buenos Aires y consideró válidos, por una unanimidad, los fundamentos para que se inicie un proceso en su contra.

El jurado declaró “admisibles” las denuncias por abuso de poder, mal desempeño e instigación a cometer el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, a pesar de que, según Arias, hay “irregularidades técnicas” en el proceso, que redundan en que se hayan violado “normas elementales”.

Arias está acusado de tomar parte en causas cuya competencia pertenecía a otros fueros, siendo una de los expedientes principales su intervención en la investigación iniciada por la inundación del 2 de abril de 2013, denuncia que presentó el fiscal Marcelo Romero.

También el subprocurador Juan Oliveira elevó una denuncia en el mismo sentido, luego ratificada, lo que motivó el inicio del juicio político.

Ahora, tras la suspensión, a Arias se le retendría el 40 por ciento de su sueldo, aunque no perderá su cargo como juez del fuero Contencioso Administrativo de La Plata hasta tanto el tribunal no resuelva si finalmente lo destituye, al emitir la sentencia definitiva sobre su caso.

Antes de ingresar a la audiencia, el juez había advertido que se trataba de “una persecución política y mediática” en su contra impulsada por “todos aquellos que intentan imponer una visión única contra todos aquellos que piensan diferentes a la visión del poder”.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su “preocupación” por entender que los hechos en los que se sustenta la acusación no constituyen causales previstas para el proceso de enjuiciamiento de magistrados.

“El enjuiciamiento del juez Arias, bajo los endebles hechos que se le imputan, podría significar un grave antecedente y un mensaje disciplinante para quienes tienen, precisamente, la función de controlar las acciones del Estado”, consideraron las autoridades del organismo.

La suspensión será denunciada ante la CIDH

La Central de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires (CTA-De los Trabajadores) indicó, en un comunicado de prensa, que la “suspensión del Juez Luis Arias es mala para la democracia y sus instituciones”.

Al respecto, Roberto Baradel, secretario General de la CTA-De los Trabajadores aseveró que “el Gobierno de la provincia de Buenos Aires da muestras su arbitrariedad y autoritarismo vulnerando el Estado de Derecho de todos los bonaerenses”.

Además subrayó que “queremos una justicia independiente que no se vea amenazada por el gobierno de turno ni los intereses económicos”.

Y, por último aseveró que “ésta causa (por la suspensión del juez Arias) la vamos a incorporar en una ampliación de nuestra denuncia por persecución que ya hemos presentado ante la Comisión Interamericana de los derechos humanos”.

El tribunal de Jury

El Tribunal estuvo presidido por la titular de la Corte Suprema, Hilda Kogan, y lo conformaron además cinco legisladores y cinco conjueces.

Integraron el cuerpo los senadores Roberto Costa (Cambiemos), Jorge D’Onofrio (Frente Renovador) y Héctor Vitale (Peronista) y los diputados Pablo Garate (Frente Renovador) y Marcelo Feliu (FpV-PJ): todos ellos finalizan su mandato el próximo mes, aunque Costa, D’Onofrio y Garate seguirán siendo legisladores hasta el 2021.

En tanto, los conjueces que actuaron fueron Alejandro Molea (Lomas de Zamora), Osvaldo Pisani (San Isidro), Ambrosio Botarini (Pergamino), José Apaz (San Martín), Fabián González (Morón).

foto: COOLiHD

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Ex combatientes de Malvinas acusaron a la Corte de “reeditar la doctrina del punto final”

El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata junto a otros veteranos de esa guerra acusaron al máximo tribunal al explicar los fundamentos de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras el fallo que desestimó el pedido para que se juzgue a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad contra soldados argentinos.

En una conferencia de prensa en el Museo de Malvinas en la ex Esma, el presidente del CECIM, Mario Volpe, explicó que solicitaron el centro de combatientes de La Plata que “se declare la responsabilidad del Estado argentino por la vulneración del derecho de acceso a la Justicia y el derecho a la verdad porque lo que hizo la Corte con el fallo del 19 de febrero (2015) es convalidar la doctrina del punto final”.

La Ley 23.492 de Punto Final estableció en 1986 la caducidad de la acción penal contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas. El Congreso la derogó en 2003.

A su turno, Silvio Katz, quien es uno de los conscriptos que denunció ser víctima de diferentes vejaciones perpetradas por sus superiores en las islas, cuestionó directamente el accionar del máximo tribunal y les pidió a los integrantes de la Corte que escuchen su testimonio porque “si uno de esos jueces tiene la dignidad de escucharme y saber todo lo que sufrí, les aseguro que no dudan en que esos delitos deben ser juzgados”.

En ese sentido, confesó que “desde que la Corte nos dio una cachetada, me levanto todos los días tratando de encontrar una explicación y decirles a mis hijos por qué la Justicia no quiere escucharme y nos abandona a todos los que fuimos a la guerra y sufrimos torturas”.

“A mí, por ser judío, me hicieron comer alimentos del piso mezclado con caca humana. Me estaquearon y obligaron a mis compañeros a orinarme encima”, contó Katz con lágrimas en los ojos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ex Combatientes de Malvinas dependientes del Ministerio del Interior y Transporte, Ernesto Alonso, manifestó que “la Corte ha negado la posibilidad de tener justicia porque ninguno de los magistrados se ha tomado el tiempo de leer los expedientes”.

“La Corte tenía la posibilidad de abrir un camino de memoria, verdad y justicia también para los soldados que sufrieron víctimas de torturas sistemáticas durante la guerra de Malvinas, pero no lo hizo y lamentablemente tenemos que recurrir a la Corte Interamericana”, afirmó.

Con respecto al aspecto jurídico, Gerónimo Guerrero Iraola, quien es abogado querellante del equipo jurídico del CECIM, aseguró que “la Corte detenta atribuciones que le hubiesen permitido inmiscuirse en el fondo del asunto, según lo afirmó la Procuración”.

La presentación de los ex combatientes ante la entidad dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se produjo luego de que la Corte Suprema ratificara el fallo que declaró “prescripta” la causa por las torturas, vejámenes y abusos sufridos por los soldados durante la guerra de 1982.

En la presentación ante la CIDH, los ex combatientes advirtieron que “si no se revierte esta situación llegarán sistemáticamente al organismo una infinidad de casos ya presentados ante la justicia argentina y otros que están empezando a aparecer” a partir de la desclasificación de archivos secretos tras la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciada el pasado 2 de abril.

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Ex combatientes fueron a la CIDH ante la negativa de la Corte de investigar torturas en Malvinas

Se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “negación de justicia” luego de que el máximo tribunal ratificara el fallo que declaró prescripta la causa por las torturas, vejámenes y abusos sufridos por los soldados durante la guerra de 1982.

La presentación fue realizada en las últimas horas por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, que impulsó la investigación, ante la entidad dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que vela por la protección de los derechos humanos en el continente.

“El caso ya fue enviado a la CIDH. La Corte Suprema está dejando al Estado nacional en situación de incumplimiento de los acuerdos firmados por nuestro país en lo relacionado a tratados internacionales de protección de los derechos humanos”, explicó Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Cecim y titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes.

Este martes, la Corte Suprema desestimó un recurso de revocatoria en la causa que impulsaba el Cecim para que los abusos que sufrieron los soldados por parte de sus superiores durante la Guerra de Malvinas sean considerados delitos de lesa humanidad.

En un escrito de tres carillas -firmado por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco- la Corte advirtió que “se ve impedida de pronunciarse sobre la cuestión de fondo”, y ratificó una sentencia del pasado mes de febrero, en la cual confirmaba una decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que dictó la prescripción de la acción penal.

“La Corte Suprema reivindica la doctrina del punto final, no tratando la cuestión de fondo, y sosteniendo 33 años de impunidad que existen sobre estas cuestiones tan sentidas que tienen que ver con las torturas de los soldados en Malvinas”, manifestó Alonso.

Y agregó: “La Corte está muy alejada de los intereses y los deseos de nuestra sociedad que tienen la necesidad de avanzar en este reclamo que los ex combatientes mantienen con la justicia argentina”.

En cuanto a la presentación ante la CIDH -sobre la cual el Cecim dará más detalles en una rueda de prensa la próxima semana en el Museo Malvinas que funciona en la ex Esma- Alonso precisó que “va en el sentido de negación de justicia que se está dando en este proceso judicial que lleva tanto años”.

La causa judicial se inició en 2007 con las primeras denuncias presentadas ante el juzgado federal de Río Grande en Tierra del Fuego, y dos años más tarde la jueza federal Lilian Herráez consideró como delitos de lesa humanidad las vejaciones sufridas por los soldados de parte de sus superiores.

En la presentación ante la Comisión Interamericana, los ex combatientes advirtieron que “si no se revierte esta situación llegarán sistemáticamente al organismo una infinidad de casos ya presentados ante la justicia argentina y otros que están empezando a aparecer” a partir de la desclasificación de archivos secretos.

Como contraparte del accionar del Estado, los ex combatientes reconocen el avance que significó la decisión del gobierno nacional de desclasificar los archivos así como la creación del Archivo Oral de las Memorias de Malvinas, en el que los veteranos podrán dejar grabado su testimonio para las futuras generaciones, dos medidas anunciadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 2 de abril.

La apertura de los archivos secretos hasta ahora -que el ministerio de Defensa dará a conocer a partir de la próxima semana- ya dejó a la luz nuevos casos de abusos de soldados, según el relevamiento que viene realizando el CECIM de La Plata.

Desde la dirección de Derechos Humanos de la cartera que conduce Agustín Rossi informaron a Télam que se está definiendo la modalidad de consulta de los archivos, que será a través de la web www.archivosabiertos.com, donde el ministerio ya viene publicando las actas secretas de la dictadura militar.

La nueva documentación -que será pública a partir del lunes 18- contiene archivos históricos de las tres fuerzas armadas, entre los que se encuentran las denominadas “actas de recepción” que debían completar los soldados cuando regresaron al continente, en las que reflejaron los maltratos recibidos durante el conflicto y que los militares les exigieron mantener en reserva.

“Hay infinidad de casos que van a ser demostrados porque aparecen nuevos testimonios totalmente comprobados”, dijeron a Télam desde el centro de ex combatientes que presentó la denuncia ante la CIDH.

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