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Desde la CTA alertan que el Presupuesto 2018 implica despidos, ajuste y deuda

El informe de IDESBA  de la CTA, señala que el Presupuesto para la Provincia de Buenos Aires 2018 propone ajuste, techo a las paritarias estatales, precarización del trabajo y más deuda para pagar deuda.

De este informe se desprende que :

– Desde que asumió María Eugenia Vidal Educación cayó un 7,7% y perdió 1,8 puntos porcentuales en el presupuesto ($30.357 millones)

– En 2018 Vidal propone más deuda para pagar deuda: un 82,6% de la deuda se destinará a amortizaciones e intereses. Son $64.553 millones que superan lo presupuestado en Salud y Desarrollo Social juntos ($56.100)

– En 2018 el gobierno de Vidal apuesta a precarizar el trabajo docente: reduce un 10,8% la creación de cargos titulares (14.600 puestos de trabajo titulares menos)

– Los ganadores en la gestión de Vidal son los intereses de la deuda: pasaron del 2,9% del gasto provincial en 2015 al 4,5% en 2018

– En 2015 los intereses de la deuda equivalían al 46,0% del presupuesto en Salud, en 2018 Vidal propone que alcancen el 70,7%

– En 2015 los intereses de la deuda equivalían al 10,5% del presupuesto en Educación, en 2018 Vidal propone que alcancen el 17,2%

– En 2015 los intereses de la deuda equivalían al 109,7% del presupuesto en Desarrollo Social, en 2018 Vidal propone que alcancen el 174,0%

– En 2018 los 15.554 puestos de trabajo permanentes menos en el gobierno de Vidal desfinanciarán el IPS.

Descargá el informe completo acá: http://www.ctabsas.org.ar/IMG/pdf/idesba_informe_presupuesto_2018_ba.pdf

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Suspendieron al Juez Arias: la CPM cuestionó la medida y la CTA llevará el caso a la CIDH

El juez platense Luis Federico Arias fue suspendido este jueves del cargo para ser sometido a juicio político por presunto mal desempeño. La Comisión por la Memoria y la CTA cuestionaron la Medida. Desde la CTA anunciaron que denunciarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La suspensión resolvió el tribunal de enjuiciamiento que sesionó en el Senado de la provincia de Buenos Aires y consideró válidos, por una unanimidad, los fundamentos para que se inicie un proceso en su contra.

El jurado declaró “admisibles” las denuncias por abuso de poder, mal desempeño e instigación a cometer el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, a pesar de que, según Arias, hay “irregularidades técnicas” en el proceso, que redundan en que se hayan violado “normas elementales”.

Arias está acusado de tomar parte en causas cuya competencia pertenecía a otros fueros, siendo una de los expedientes principales su intervención en la investigación iniciada por la inundación del 2 de abril de 2013, denuncia que presentó el fiscal Marcelo Romero.

También el subprocurador Juan Oliveira elevó una denuncia en el mismo sentido, luego ratificada, lo que motivó el inicio del juicio político.

Ahora, tras la suspensión, a Arias se le retendría el 40 por ciento de su sueldo, aunque no perderá su cargo como juez del fuero Contencioso Administrativo de La Plata hasta tanto el tribunal no resuelva si finalmente lo destituye, al emitir la sentencia definitiva sobre su caso.

Antes de ingresar a la audiencia, el juez había advertido que se trataba de “una persecución política y mediática” en su contra impulsada por “todos aquellos que intentan imponer una visión única contra todos aquellos que piensan diferentes a la visión del poder”.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su “preocupación” por entender que los hechos en los que se sustenta la acusación no constituyen causales previstas para el proceso de enjuiciamiento de magistrados.

“El enjuiciamiento del juez Arias, bajo los endebles hechos que se le imputan, podría significar un grave antecedente y un mensaje disciplinante para quienes tienen, precisamente, la función de controlar las acciones del Estado”, consideraron las autoridades del organismo.

La suspensión será denunciada ante la CIDH

La Central de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires (CTA-De los Trabajadores) indicó, en un comunicado de prensa, que la “suspensión del Juez Luis Arias es mala para la democracia y sus instituciones”.

Al respecto, Roberto Baradel, secretario General de la CTA-De los Trabajadores aseveró que “el Gobierno de la provincia de Buenos Aires da muestras su arbitrariedad y autoritarismo vulnerando el Estado de Derecho de todos los bonaerenses”.

Además subrayó que “queremos una justicia independiente que no se vea amenazada por el gobierno de turno ni los intereses económicos”.

Y, por último aseveró que “ésta causa (por la suspensión del juez Arias) la vamos a incorporar en una ampliación de nuestra denuncia por persecución que ya hemos presentado ante la Comisión Interamericana de los derechos humanos”.

El tribunal de Jury

El Tribunal estuvo presidido por la titular de la Corte Suprema, Hilda Kogan, y lo conformaron además cinco legisladores y cinco conjueces.

Integraron el cuerpo los senadores Roberto Costa (Cambiemos), Jorge D’Onofrio (Frente Renovador) y Héctor Vitale (Peronista) y los diputados Pablo Garate (Frente Renovador) y Marcelo Feliu (FpV-PJ): todos ellos finalizan su mandato el próximo mes, aunque Costa, D’Onofrio y Garate seguirán siendo legisladores hasta el 2021.

En tanto, los conjueces que actuaron fueron Alejandro Molea (Lomas de Zamora), Osvaldo Pisani (San Isidro), Ambrosio Botarini (Pergamino), José Apaz (San Martín), Fabián González (Morón).

foto: COOLiHD

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Los salarios no recuperarán lo que se perdió en 2016 y la brecha roza los 8 puntos

El Gobierno prevé de todos modos que este año terminarán 2017 por encima de la inflación. Para las consultoras privadas se esfumaron entre 5 y 8 puntos porcentuales de poder de compra.

Si la tendencia inflacionaria decreciente se mantiene, los salarios terminarían el 2017 con entre uno y trespuntos por encima de la suba de precios, lo que permitiría recuperar sólo una parte de lo perdido en 2016, estiman en el Gobierno.

Si bien para la administración de Mauricio Macri en 2016 la pérdida de poder adquisitivo fue leve y se sintió sólo en algunos sectores laborales, para las consultoras privadas se esfumaron entre 5 y 8 puntos porcentuales de poder de compra.

Según el relevamiento de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la CGT y la CTA, la inflación de 2016 fue del 40,9%, lo que determinó una pérdida de poder adquisitivo del 6,1% promedio para los salarios.

A diferencia del INDEC, la UMET y el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) integrado por CGT y CTA, estudia la inflación en relación al impacto que tienen en los salarios que forman parte de los convenios colectivos.

Un informe de la consultora Ecolatina estimó en el 6% el deterioro del poder de compra que los salarios tuvieron el año pasado, dado que el mientras los sueldos fueron por la escalera alcanzando un 33%, la inflación ascendió en ascensor hasta el 41,5%.

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