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Suspendieron al Juez Arias: la CPM cuestionó la medida y la CTA llevará el caso a la CIDH

El juez platense Luis Federico Arias fue suspendido este jueves del cargo para ser sometido a juicio político por presunto mal desempeño. La Comisión por la Memoria y la CTA cuestionaron la Medida. Desde la CTA anunciaron que denunciarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La suspensión resolvió el tribunal de enjuiciamiento que sesionó en el Senado de la provincia de Buenos Aires y consideró válidos, por una unanimidad, los fundamentos para que se inicie un proceso en su contra.

El jurado declaró “admisibles” las denuncias por abuso de poder, mal desempeño e instigación a cometer el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, a pesar de que, según Arias, hay “irregularidades técnicas” en el proceso, que redundan en que se hayan violado “normas elementales”.

Arias está acusado de tomar parte en causas cuya competencia pertenecía a otros fueros, siendo una de los expedientes principales su intervención en la investigación iniciada por la inundación del 2 de abril de 2013, denuncia que presentó el fiscal Marcelo Romero.

También el subprocurador Juan Oliveira elevó una denuncia en el mismo sentido, luego ratificada, lo que motivó el inicio del juicio político.

Ahora, tras la suspensión, a Arias se le retendría el 40 por ciento de su sueldo, aunque no perderá su cargo como juez del fuero Contencioso Administrativo de La Plata hasta tanto el tribunal no resuelva si finalmente lo destituye, al emitir la sentencia definitiva sobre su caso.

Antes de ingresar a la audiencia, el juez había advertido que se trataba de “una persecución política y mediática” en su contra impulsada por “todos aquellos que intentan imponer una visión única contra todos aquellos que piensan diferentes a la visión del poder”.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su “preocupación” por entender que los hechos en los que se sustenta la acusación no constituyen causales previstas para el proceso de enjuiciamiento de magistrados.

“El enjuiciamiento del juez Arias, bajo los endebles hechos que se le imputan, podría significar un grave antecedente y un mensaje disciplinante para quienes tienen, precisamente, la función de controlar las acciones del Estado”, consideraron las autoridades del organismo.

La suspensión será denunciada ante la CIDH

La Central de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires (CTA-De los Trabajadores) indicó, en un comunicado de prensa, que la “suspensión del Juez Luis Arias es mala para la democracia y sus instituciones”.

Al respecto, Roberto Baradel, secretario General de la CTA-De los Trabajadores aseveró que “el Gobierno de la provincia de Buenos Aires da muestras su arbitrariedad y autoritarismo vulnerando el Estado de Derecho de todos los bonaerenses”.

Además subrayó que “queremos una justicia independiente que no se vea amenazada por el gobierno de turno ni los intereses económicos”.

Y, por último aseveró que “ésta causa (por la suspensión del juez Arias) la vamos a incorporar en una ampliación de nuestra denuncia por persecución que ya hemos presentado ante la Comisión Interamericana de los derechos humanos”.

El tribunal de Jury

El Tribunal estuvo presidido por la titular de la Corte Suprema, Hilda Kogan, y lo conformaron además cinco legisladores y cinco conjueces.

Integraron el cuerpo los senadores Roberto Costa (Cambiemos), Jorge D’Onofrio (Frente Renovador) y Héctor Vitale (Peronista) y los diputados Pablo Garate (Frente Renovador) y Marcelo Feliu (FpV-PJ): todos ellos finalizan su mandato el próximo mes, aunque Costa, D’Onofrio y Garate seguirán siendo legisladores hasta el 2021.

En tanto, los conjueces que actuaron fueron Alejandro Molea (Lomas de Zamora), Osvaldo Pisani (San Isidro), Ambrosio Botarini (Pergamino), José Apaz (San Martín), Fabián González (Morón).

foto: COOLiHD

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La Justicia suspendió los tarifazos eléctricos en la Provincia

El titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Federico Arias, ordenó este martes suspender los aumentos en la tarifa de luz de distintas empresas prestadoras del servicio en la Provincia de Buenos Aires, entre las que se incluye Edelap, que opera en la Región capital.

A través de una medida cautelar, el juez Arias justificó la decisión por “no haberse celebrado la correspondiente audiencia pública con anterioridad a su aprobación”. Las empresas alcanzadas por la resolución judicial son Edea, Edelap, Edes y Eden.

El magistrado hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Colectivo de Acción en la Subalternidad (Ciaj) y suspendió los efectos de la Resolución nº 22/16 dictada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, mediante la cual se aprobó el recálculo de los cuadros tarifarios de las distribuidoras de energía eléctrica, y dispuso “ordenar a las empresas Edelap, Edes SA, Edea SA y Eden SA, a que se abstengan de aplicar a los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, el régimen tarifario contemplado en dicha norma, todo lo cual implica ajustarse a las tarifas previas a la citada resolución”.

Descargá la sentencia acá

JUCALP 1. CIAJ c Prov. de Bs. As. 31-05-16

Captura de pantalla 2016-05-31 a la(s) 16.49.50

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Juez Arias denunció a un sector de la Policía como “gerenciador del delito”

Fue en el marco del Día Nacional Contra la Violencia Institucional, en el que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social fue sede de una jornada de discusión organizada por la Dirección de violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de esta unidad académica.

Las actividades que se desarrollaron comenzaron el martes desde las 14 y se extendieron hasta las 19 que se llevó a cabo el cierre con la presencia del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias; el abogado y profesor de la UNLP, Pablo Cabral;  el abogado Aníbal Hnatiuk; y el Secretario de Derechos Humanos de esta casa de estudios, Jorge Jaunarena

Luis Arias sostuvo que, si bien el no actúa en el marco del derecho penal, “pude ver en varias ocasiones esta práctica que afecta sobre todo a los jóvenes pobres”, y realizó un análisis sobre la connivencia judicial en los casos de violencia institucional. “Yo creo que hay un problema estructural en la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Bonaerense, sobre todo a partir del copamiento de las áreas de investigación”, dijo.

En este sentido, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata explicó que hasta el año 1998 la función de los jueces era la de investigar y juzgar, pero como “no les gusta ensuciarse las manos, le delegaban la tarea de investigar a la policía”. A partir de ese año, el sistema judicial cambia y la tarea investigativa pasa a formar parte de las competencias de los fiscales, aunque “empezaron a hacer lo mismo que los jueces y dejaron la tarea en manos de la policía”.

“La policía está para prevenir el delito, no para investigar; es gracias a esto que se ha convertido en una gran gerenciadora del delito”, afirmó Arias, y criticó la no aplicación del régimen de Policía Judicial que se implementó para evitar que las fuerzas de seguridad intervengan en las investigaciones: “Se está implementando pero son los mismo policías de seguridad los que se presentan a los concursos de la policía judicial”.

También consideró que las prácticas abusivas de las instituciones del Estado se producen impunemente gracias a la connivencia judicial, y ejemplificó: “En La Plata tenemos 15 fiscalías, todas las causas penales contra la policía van a parar a dedo a la fiscalía Nº8 a cargo de Paolini; en 12 años de juez, todas las denuncias por violencia institucional que hicimos nosotros nunca prosperaron”. Además, dijo que el poder que gozan las fuerzas de seguridad es tal que “hasta se permiten desoír y enfrentar decisiones judiciales, como a mí me ha pasado”. 

“Estamos en un serio problema: la policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario, con la complicidad judicial y política, mantienen un orden. Yo siempre digo en el peor de los sentidos, que la provincia está en orden: el orden impuesto por la fuerza”, concluyó el juez Arias.

foto: Facultad de Periodismo UNLP

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