Alak le dio letra a Kicillof para retirar los pliegos de 42 jueces que envió Vidal

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Se trata de los pliegos de jueces y fiscales enviados por la ex Gobernadora al Senado. Tenían dictamen de comisión y estaban listos para ser votados. Sin mayoría en el recinto el Gobernador apeló al sustento jurídico constitucional que aportó el ministro de Justicia.

El gobierno de Axel Kicillof evitó que Cambiemos avance en el Senado bonaerense con el nombramiento de 42 pliegos de jueces y fiscales que fueron enviados durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Mediante un decreto de Kicillof, le solicitó al Senado que devuelva esos pliegos con el objetivo de revisarlos, al advertir que existieron “algunos” hechos de “notoria gravedad” desde el envío de los mismos.

El envío de pliegos se había realizado entre junio y agosto de 2019, pero ahora el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, explicó que “dado el tiempo transcurrido y a la existencia de numerosos hechos sobrevinientes desde su envío —algunos de notoria gravedad–, corresponde que el Senado devuelva los pliegos para que el Ejecutivo reevalúe pormenorizadamente cada uno”.

El funcionario provincial advirtió que el artículo 175 de la Constitución Provincial habilita la devolución de los pliegos requeridos, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a designar a los jueces y miembros del Ministerio Público de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura.

Subrayó, en este sentido, que la posibilidad del Ejecutivo de reexaminar los pliegos enviados al Senado ante hechos sobrevinientes ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en el fallo “Decastelli”.

El pedido de Alak surge en medio de la negociación de los pliegos en la Legislatura. Los mismos fueron presentados antes de las elecciones primarias del año pasado por Vidal y la oposición amenazaba ahora con tratarlos.

Uno de ellos es el el pliego de Maximiliano Jarish para cubrir el cargo de agente fiscal en el Departamento Judicial de San Isidro. Por estos días, Jarish es secretario de una fiscalía, pero no está cumpliendo funciones porque está detenido por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Sucede que el funcionario judicial está sospechado de integrar, junto con policías una red de narcotráfico. «De ser nombrado, como está preso, ni siquiera se le podría tomar juramento», dicen en el gobierno.

Otro de los pliegos polémicos es el de Juan Pablo D’Onofrio para cubrir el cargo de Agente Fiscal de Lomas de Zamora. D’Onofrio es actualmente secretario General de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, estuvo involucrado en la destitución del Fiscal General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrarri, quien en varias oportunidades había denunciado Conte-Grand por persecuciones y hostigamientos.

Pero quizás el pliego más cuestionado es el de Francisco Pont Vergés para cubrir el cargo de juez del Tribunal de Casación. Actualmente Pont Vergés se desempeña como secretario de Política Criminal e Instrucción Penal de la Procuración. Ni más ni menos que el segundo de Conte Grand.

Por su accionar en ese cargo fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión por la Memoria (CPM) y la Asociación Civil AJUS, por persecución a la defensa pública y por entrometerse en el marco de una investigación por torturas a una persona trans en una cárcel de la provincia.

Sustento jurídico

El ministro de Justicia sostuvo que existen numerosos antecedentes de devoluciones de pliegos del Senado al Ejecutivo y recordó que el más reciente es el pedido efectuado por Vidal a poco de asumir. Como consecuencia de ese requerimiento, el 18 de marzo de 2016, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado —presidida entonces por la legisladora Nidia Moirano— y el vicegobernador Daniel Salvador remitieron en devolución al Poder Ejecutivo los 126 pliegos de jueces y miembros del Ministerio Público que la gestión de Daniel Scioli había girado en agosto del 2015.

“El poder Ejecutivo se comprometió a realizar la tarea de reevaluación de los pliegos, en el marco de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, en un plazo perentorio de sesenta días corridos desde el momento en que el Senado proceda a su devolución”, señalaron desde Justicia.

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