El secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, defendió la polémica resolución 144/20 del Ministerio que dirige Sabina Frederic, al sostener que “no existe nada similar a la figura de intimidación pública”, en respuesta a las acusaciones de la oposición sobre “ciberespionaje”.
Fuks expuso ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, que preside Paula Penacca (Frente de Todos), sobre la creación, a fines de mayo pasado, del “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”.
El funcionario explicó que la resolución “tiene una virtud principal”, que es la derogación de otra resolución, la 31/18, firmada por el anterior secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, “en la etapa preparatoria del G20”, donde se estableció “la mecánica para lo que se dio en llamar el ‘ciberpatrullaje’”.
El secretario dijo que el “objetivo principal” de aquella normativa fue “establecer mecanismos de vigilancia a través de fuentes abiertas”, por los cuales “500 personas fueron investigadas en el G20” y además hubo “por lo menos seis casos de personas procesadas” bajo esta modalidad, entre ellas Javier Smaldone, Nicolás Lucero -quien estuvo preso por un tuit-, Maribel Durán y Martín Trabucco.
Incluso aseguró que “hay casos que fueron investigados a través de las redes que fueron anteriores a 2018, es decir anteriores a la existencia de la resolución” firmada por Burzaco.
El secretario de Articulación Federal de la Seguridad explicó la norma que la reemplaza, de carácter excepcional durante la pandemia. Admitió una «inercia» en el uso del viejo texto por parte de la Policía Federal en el inicio de la actual gestión.
En ese orden, Fuks destacó que la resolución 144/20, a diferencia de la “mecánica secreta” con la que fue firmada la anterior, fue el fruto de un “largo proceso de debate” con organizaciones de la sociedad civil como FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).
Además, remarcó la creación de una comisión asesora que debe evaluar la aplicación del protocolo, y que tuvo este mes su primera reunión, con la participación de dos representantes de la Cámara de Diputados, Penacca y Cristian Ritondo (Pro).
Fuente: elciudadanoweb, La Política On Line
