Las Abuelas conmemoran el Día de la Identidad: 38 años en busca de la verdad

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La historia de las Abuelas comenzó cuando en 1977, desde la ciudad de La Plata, Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra y María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, se encontraron y crearon “Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos”, 6 meses después de que un grupo de madres de desaparecidos visibilizaran su reclamo en la Plaza de Mayo, dando vida a las Madres de Plaza de Mayo.

Con una recorrida por su historia y con la participación de invitados especiales, la celebración llevará el nombre “38 años buscando la verdad” y comenzará a las 19 en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, ciudad de Buenos Aires.

Raquel Radío de Marizcurrena, Clara Jurado, María Eugenia Cassinelli de García Iruretagoyena, Celia Giovanola de Califano, Haydée Vallino de Lemos, “Licha” de De la Cuadra, Leontina Puebla de Pérez, Beatriz Aicardi de Neuhaus, Eva Márquez de Castillo Barrios, “Chicha” Mariani, Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez y Mirta Acuña de Baravelle fueron las doce madres-abuelas que iniciaron la tarea que hasta hoy permitió recuperar 117 nietos.

Veintiocho años después, el Estado nacional reconoció el trabajo de las Abuelas y promulgó en 2005 la ley 26.001 sancionada por el Congreso Nacional en diciembre de 2004, que establece el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad.

Por su parte, la Justicia demoró 35 años en reconocer formalmente la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebés a mujeres secuestradas durante la última dictadura.

En el primer fallo histórico, el 5 de julio de 2012 el Tribunal Oral Federal 6 condenó a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al ex dictador Jorge Rafael Videla, a 30 años al ex marino Jorge “Tigre” Acosta, responsable operativo del centro clandestino de detenciones que funcionó en la ESMA durante la dictadura, y a 15 años al ex dictador Reynaldo Bignone, último presidente de facto.

La causa había sido iniciada por las Abuelas diecisiete años atrás y al leer el fallo, la jueza María del Carmen Roqueta dejó expresamente sentado que para el tribunal cada uno de los 36 casos que se ventilaron en ese juicio constituyen “parte integrante de un plan sistemático de robo de bebés” desarrollado durante el período del terrorismo de Estado.

El fallo fue clave para descubrir la trama civil que fue parte del delito de apropiación de niños, como médicos y parteras que colaboraron en el ocultamiento y entrega de los bebés nacidos en las maternidades que funcionaban en los centros clandestinos de detención donde se encontraban cautivas las embarazadas.

La tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo en su búsqueda no puede desligarse de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada en 1992, y del Banco Nacional de Datos Genéticos que permite obtener la información genética para establecer la filiación familiar.

Si bien la Conadi está asociada a la búsqueda y localización de niños desaparecidos, su función abarca también la tarea de recibir denuncias sobre robo y tráfico de menores, despojos a madres y adultos con identidad vulnerada, según los principios enunciados por el organismo.

Las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder identificar a los menores secuestrados se realizaron en 1984 a pedido de Abuelas y en 1987 el Congreso Nacional sancionó la ley 23.511 que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand.

El último logro en materia legislativa de las Abuelas fue en 2009 cuando se sancionaron las leyes que habilitan al juez a ordenar la extracción de ADN para identificar a hijos de desaparecidos y la que reconvierte el Banco Nacional de Datos Genéticos en un ente autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Con más de 300 nietos que aún siguen buscando, a fines de agosto pasado las Abuelas anunciaron por 117° vez la restitución de Claudia Domínguez Castro, hija de los militantes comunistas Walter Hernán Domínguez y Gladys Castro, secuestrados ilegalmente y desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

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